JURISPRUDENCIA
- JURISPRUDENCIA
SOBRE RÉGIMEN ESPECIAL DE AUTÓNOMOS EN ENFERMERÍA
- Sentencia de
10 de Diciembre de 1999)
El Juzgado de lo Social numero 2 de Málaga ha dictado con fecha 10 de Diciembre de 1999 sentencia n: 765/99
por la que estima la demanda de una colegiada del Colegio de Enfermería de Málaga
contra la Tesorería General de la
Seguridad Social, quien en la interpretación de lo dispuesto en
la Ley 50/1998 de Presupuestos Generales del Estado para 1999 (obligatoriedad
de incorporarse al RETA dentro del primer trimestre de 1999) mantenía el criterio de la obligatoriedad de esa
incorporación en el citado Régimen Especial de Trabajadores Autónomos( RETA)
desde la fecha del alta en el IAE para aquellos colegiados que
desempeñan actividades por cuenta propia.
La referida resolución declara:
" En el presente proceso la actora
impugna el alta en el régimen especial de trabajadores autónomos acordada por la
Tesorería General de la Seguridad Social en
cuanto a la fecha de efectos de dicha alta, en base a la alegación de que tales efectos no pueden retrotraerse a la fecha de alta en
el IAE y de inicio de la actividad por cuenta propia, sino al día en que se solicitó el alta, de conformidad con la
Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley 30/95 de Ordenación y Supervisión
de los Seguros Privados en su actual redacción, modificada por
el articulo 33 de la Ley 50/98, de 30 de Diciembre, sobre medidas
fiscales, Administrativas y de Orden Social.
La pretensión de la actora, expuesta en
el párrafo anterior, ha de ser estimada en base a los argumentos
y razonamientos contenidos en la demanda y en la resolución de
la Dirección General de Ordenación Jurídica y Entidades
Colaboradoras de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo de
23-2-96, aportada por la parte actora a titulo ilustrativo. Para
exponer tales razonamientos, ciertamente complejos, hay que
comenzar por afirmar que los profesionales de la medicina han
permanecido originariamente excluidos del RETA en virtud del articulo 3 del Real Decreto 2530/1970, de 20 de Agosto, que
condicionaba la inclusión en este régimen de las personas a las
que para el ejercicio de su profesión se les impone, como
requisito indispensable, la integración en un colegio
profesional, a que los órganos superiores del correspondiente
colegio hubieran solicitado previamente la incorporación al RETA
lo cual, respecto a los colegios médicos, nunca se produjo. Esta situación cambió a
raíz de la publicación de la Ley de
Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, que obliga a
las personas que ejerzan una actividad por cuenta propia que se
colegien en un Colegio Profesional cuyo colectivo no haya sido
integrado en el RETA, a afiliarse en la Seguridad Social, con la opción de solicitar la
afiliación y/o alta en dicho régimen o
incorporarse a la mutualidad que tenga establecida el
correspondiente colegio profesional. Esta obligación no afectó
a la actora, ya que en la fecha de la entrada en vigor de la
norma, no ejercía ninguna actividad por cuenta propia( la inició
en Enero de 1997). Por ultimo, la Ley 50/98 modificó la
anterior disposición cuya redacción quedó fijada en los
siguientes términos: si el inicio de la actividad por el
profesional colegiado se hubiese producido entre el 10/11/95 y el 31/12/98 el alta en el citado
régimen Especial, de no haber
sido exigible con anterioridad a esta ultima fecha, deberá
solicitarse durante el primer trimestre de 1999 y surtirá efecto
desde el primer día del mes en que se hubiese formulado la
correspondiente solicitud. Por tanto, dado que el inicio de la
actividad por cuenta propia de la demandante se produjo dentro de
los limites temporales antes citados y la solicitud de alta en el
RETA se presentó en el mes de Marzo de 1999, los efectos del
alta deben retrotraerse al día 1 de Marzo de 1999".
COMENTARIO
La posición de la Asesoría Jurídica del
Colegio y que fue desestimada en vía administrativa, es la que
ahora confirma el Juzgado de lo Social, es decir que conforme a
la Ley 30/1995 de Ordenacion del Contrato de Seguro, si
inicialmente solo estaban obligados a darse de alta en el RETA
aquellos profesionales que iniciaron sus actividades en fecha
posterior a la entrada en vigor de la referida Ley (10/11/1995),
cuando dicha norma ha sido modificada por la Ley de Presupuestos
antes referida, solo puede exigirse el alta a partir del primer día del mes en que se hubiese formulado la solicitud dentro del
primer trimestre de 1999, pues hasta ese momento no era exigible
el alta. La Tesorería General de la Seguridad Social, procedió a
dar de alta con efectos retroactivos y recargos a todos aquellos
colegiados que cumplieron con el nuevo requisito de realizar las
solicitudes dentro del primer trimestre de 1999, remitiendo los
boletines de cotización, que en algunos casos las cantidades
superaban el millón de pesetas. Esta ha sido la primera sentencia
dictada en este asunto en Andalucia, que afecta también al
Colectivo de médicos, encontrándose pendientes de juicio otros
procedimientos en tramitación.
-
RÉGIMEN
ESPECIAL DE AUTÓNOMOS PARA ENFERMERÍA
- Sentencia
de la Sala de lo Social en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía de fecha 14 de Julio de 2000.
La referida sentencia confirma íntegramente una anterior sentencia del
Juzgado de lo Social numero Dos de Málaga que con fecha 10 de
Diciembre de 1999 estimó la demanda de una colegiada del Colegio
Oficial de Enfermería de Málaga contra la Tesorería General de la
Seguridad Social, que en la interpretación de lo dispuesto en la Ley
50/1998 de Presupuestos Generales del Estado para 1999( obligatoriedad
de incorporarse al RETA dentro del primer trimestre de 1999) mantenía
el criterio de la obligatoriedad de esa incorporación en el citado Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos desde la fecha del alta en el IAE para
aquellos colegiados que desempeñan actividades por cuenta propia.
La citada resolución del Juzgado de lo Social de Málaga declaró:
-
“ En el presente proceso la actora
impugna el alta en el régimen especial de trabajadores autónomos acordada
por la
Tesorería
General de la Seguridad Social en cuanto a la fecha de
efectos de dicha alta, en base a la alegación de que tales efectos no
pueden retrotraerse a la fecha de alta en el IAE y de inicio de la actividad
por cuenta propia, sino al
día
en que se solicitó el alta, de conformidad
con la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley 30/95 de Ordenación y
Supervisión de los Seguros Privados en su actual redacción, modificada por
el articulo 33 de la Ley 50/98, de 30 de Diciembre, sobre medidas fiscales,
Administrativas y de Orden Social.
La pretensión de la actora, expuesta en el párrafo anterior, ha de ser
estimada en base a los argumentos y razonamientos contenidos en la demanda y
en la resolución de la Dirección General de Ordenación Jurídica y
Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo de
23-2-96, aportada por la parte actora a titulo ilustrativo. Para exponer
tales razonamientos, ciertamente complejos, hay que comenzar por afirmar que
los profesionales de la medicina han permanecido originariamente excluidos
del RETA en virtud del articuoo 3 del Real Decreto 2530/1970, de 20 de
Agosto, que condicionaba la inclusión en este régimen de las personas a
las que para el ejercicio de su profesión se les impone, como requisito
indispensable, la integración en un colegio profesional, a que los órganos
superiores del correspondiente colegio hubieran solicitado previamente la
incorporación al RETA lo cual, respecto a los colegios médicos, nunca se
produjo. Esta situación cambió a
raíz
de la publicación de la Ley de
Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, que obliga a las
personas que ejerzan una actividad por cuenta propia que se colegien en un
Colegio Profesional cuyo colectivo no haya sido integrado en el RETA, a
afiliarse en la Seguridad Social, con la opción de solicitar la afiliación
y/o alta en dicho régimen o incorporarse a la mutualidad que tenga
establecida el correspondiente colegio profesional. Esta obligación no
afectó a la actora, ya que en la fecha de la entrada en vigor de la norma,
no
ejercía
ninguna
actividad
por cuenta propia( la inició en Enero de
1997). Por último, la Ley 50/98 modificó la anterior disposición cuya
redacción quedó fijada en los siguientes términos: si el inicio de la
actividad por el profesional colegiado se hubiese producido entre el
10/11/95 y el 31/12/98 el alta en el citado régimen Especial, de no haber
sido exigible con anterioridad a
esta última fecha, deberá solicitarse durante el primer trimestre de 1999
y surtirá efecto desde el primer
día
del mes en que se hubiese formulado la
correspondiente solicitud. Por tanto, dado que el inicio de la actividad por
cuenta propia de la demandante se produjo dentro de los limites temporales
antes citados y la solicitud de alta en el RETA se presentó en el mes de
Marzo de 1999, los efectos del alta deben retrotraerse al
día
1 de Marzo de
1999”.
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ha desestimado
el recurso de suplicación de la Tesorería General de la Seguridad Social y
declara:
-
“ El apartado segundo de la resolución de 23 de Febrero de 1996, de la
Dirección General de Ordenación Jurídica y Entidades colaboradoras de la
Seguridad Social, por la que se dictan instrucciones en orden a la aplicación
de las previsiones, en materia de Seguridad Social, contenidas en la
disposición adicional decimoquinta y en la disposición transitoria
quinta.3 de la Ley 30/1995 de 8 de Noviembre, de Ordenación y Supervisión
de los Seguros Privados, es categórico en el sentido de que no será
obligatoria la incorporación al Régimen Especial de la Seguridad Social de
los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos para aquellas personas que
ejerciendo una actividad por cuenta propia y que como requisito previo para
el ejercicio de tal actividad y antes del 10 de Noviembre de 1995, se hayan
incorporado a un Colegio Profesional, cuyo colectivo no hubiese sido
integrado en el Régimen Especial mencionado, y que no dispusiera de una
Mutualidad de Previsión Social que, en la fecha indicada, fuese de
incorporación obligatoria para los colegiados, señalando que en estos
casos, la incorporación de los interesados en el mencionado Régimen se
ajustará a las previsiones contenidas en el último párrafo del articulo 3º
del Decreto 2530/1970, es decir, mediante solicitud de los
órganos
superiores de representación del respectivo Colegio Profesional y mediante
Orden Ministerial. Y una lectura detenida de la totalidad de dicha resolución
evidencia que las instrucciones contenidas en la misma se dirigían a
aclarar las dudas surgidas en relación con las personas que hubieran
iniciado su actividad con antelación a la entrada en vigor de la Ley 30/95,
por lo que deberá examinarse si la actora
había
iniciado su actividad con
antelación a ese momento. La demandante se dio de alta en el Colegio
Oficial de Ayudantes
Técnicos
Sanitarios y Diplomados en
Enfermería
de Málaga
el 21 de Junio de 1993 e inició su actividad el 22 de Enero de 1997, fecha
en la que se dio de alta en el Impuesto de Actividades Económicas, de
manera que no se encontraba dentro del campo de aplicación del citado
apartado segundo de la resolución de 23 de Febrero de 1996, antes
transcrito, ya que en la fecha de entrada en vigor de la Ley 30/1995 no
había
iniciado su actividad. Si no
había
iniciado su actividad en el momento
de la entrada en vigor de esta Ley, debe analizarse si la entrada en vigor
de la ley 30/1995 estableció la obligación de alta en el reta de la misma.
Esta disposición adicional decimoquinta disponía que “ para personas que
ejerzan una actividad por cuenta ajena en los términos del articulo 10.2.c)
de la Ley General de la Seguridad Social, texto refundido aprobado por el
decreto legislativo 1/1994, de 20 de Junio, y articulo 3 del Decreto
2530/1970, de 20 de Septiembre, por el que se regula el Régimen Especial de
la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, que se
colegien en un Colegio Profesional cuyo colectivo no haya sido integrado en
dicho Régimen Especial será obligatoria la afiliación a la Seguridad
Social y que al objeto de dar cumplimiento a dicha obligación podrán optar
por solicitar la afiliación y/o alta en dicho Régimen Especial o
incorporarse a la Mutualidad que tenga establecida dicho Colegio
Profesional. La interpretación literal de la misma lleva a concluir que las
prescripciones contenidas en la misma solo eran de aplicación a las
personas que se colegiasen a partir de la entrada en vigor de dicha Ley.
Como la demandante se encontraba colegiada desde el año 1992, la conclusión
sería que la obligación de alta en el RETA no era aplicable a la misma.
Así
pues, antes de la entrada en vigor de la Ley 50/98 la demandante ni se
encontraba obligada a darse de alta en el RETA por la Ley 30/95 ni
había
sido expresamente eximida de dicha obligación por la resolución antes
citada de 23 de Febrero de 1996. Por lo tanto, le es de plena aplicación lo
dispuesto en el articulo 33 de la Ley 50/98 que modificó la Disposición
Adicional decimoquinta de la Ley 30/95 y dado que no ha podido acreditarse
que le hubiese sido exigible el alta en el RETA con anterioridad al 31 de
Diciembre de 1998, es evidente que el periodo durante el cual estaba
obligada a darse de alta era el primer trimestre de 1999, surtiendo sus
efectos a partir del dia primero del mes en que se formulaba la
correspondiente solicitud. Los anteriores razonamientos llevan a la Sala a
desestimar el recurso de suplicación, sin perjuicio de poner de manifiesto
que los argumentos desarrollados en el mismo parten de la supuesta
discriminación que se derivaría para la demandante de su imposibilidad de
darse de alta en el RETA frente a aquellas personas que se hubiesen dado de
alta en el correspondiente Colegio Profesional a partir de 10 de Noviembre
de 1995, discriminación que no ha sido denunciada por la misma. Además, de
admitirse la tesis de la
Tesorería
General de la Seguridad Social, la misma
tampoco solucionaría la discriminación que se producía entre las personas
que se encontraban colegiadas y habian iniciado su actividad antes del 10 de
Noviembre de 1995 – quienes no estaban obligadas a darse de alta en el
RETA según el apartado segundo de la resolución de 23 de Febrero de 1996
– y las personas que se colegiaban e iniciaban su actividad a partir de
esa fecha – quienes si se encontraban obligadas a ello de acuerdo con la
disposición adicional decimoquinta de la Ley 30/95-. Todo ello nos lleva a
la conclusión de que el articulo 33 de la Ley 50/98 modificó la disposición
adicional decimoquinta de la ley 30/95, para salvar la laguna legal
producida en relación con las personas que
habían
iniciado su actividad a
partir del 10 de Noviembre de 1995 y que no
tenían
obligación de darse de
alta en el RETA – entre las que se encontraba la demandante – “.
COMENTARIO
La posición de la Asesoría Jurídica del Colegio - y que fue desestimada previamente en via administrativa por la Tesorería General de la Seguridad Social - es la que ahora confirma el
Tribunal Superior de Justicia, es decir que conforme a la Ley 30/1995 de
Ordenación del Contrato de Seguro, si inicialmente solo estaban obligados a
darse de alta en el RETA aquellos profesionales que iniciaron sus
actividades en fecha posterior a la entrada en vigor de la referida Ley(
10/11/1995), posteriormente cuando dicha norma ha sido modificada por la Ley
de Presupuestos antes referida, solo puede exigirse el alta a partir del
primer día del mes en que se hubiese formulado la solicitud dentro del
primer trimestre de 1999, pues hasta ese momento no era exigible el alta. La
Tesorería General de la Seguridad Social, procedió a dar de alta con
efectos retroactivos y recargos a todos aquellos colegiados que cumplieron
con el nuevo requisito de realizar las solicitudes dentro del primer
trimestre de 1999, remitiendo los boletines de cotización, que en algunos
casos las cantidades superaban el millón de pesetas.
Se recomienda que cualquier duda sobre este asunto del RETA sea
consultado directamente por los colegiados a la Asesoría Jurídica del
Colegio.
-
LIMPIEZA
DE MATERIAL DE LABORATORIO POR PERSONAL DE ENFERMERÍA
-
Sentencia
de la Sala de lo Social en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía de fecha 14 de Julio de 2.000.
- “ …Considera la Sala de
acuerdo a lo manifestado por el Inspector de Trabajo en su informe, que las
funciones previstas en el articulo 4 de la orden de 14-6-84 sólo son
exigibles a los Técnicos Especialistas, concretamente las referentes a la
limpieza de material y recepción de muestras, funciones estas que de
conformidad con lo previsto en los
artículos
79 y 73 bis 5 del Estatuto del
Personal Sanitario no Facultativo, corresponde a las categorías inferiores
de auxiliares de enfermería y técnicos especialistas; pues del examen del
conjunto de la normativa reguladora de las funciones que corresponden a los
ATS, Auxiliares de Enfermería y Técnicos Especialistas en el E.P.S.N.F. se
atribuye a los ATS, obviamente por su mayor nivel titulación exigido, una
serie de funciones de apoyo al facultativo, asistenciales de los pacientes y
de conservación y custodia de la documentación
clínica
y material
sanitario, por la encomienda de funciones de limpieza de materiales y
recepción de muestras, que nunca han venido realizando pese a su destino en
el servicio de laboratorio, supone un menoscabo de su dignidad profesional y
repercute en perjuicio de su formación profesional, sin que pueda
pretenderse la aplicación del articulo 4 de la referida Orden de 1984, en
cuanto las funciones que corresponden a los ATS, pues la Disposición
Transitoria Primera, sólo implica una garantía de conservación de sus
puestos, a aquellos ATS que a la entrada en vigor de la misma se encuentre
realizando su trabajo en algunos de los servicios afectados por dicha Orden,
y ello pese a que no
estén
en posesión de la titulación específica, que
si será exigible para la cobertura de dichos puestos por parte de ATS en un
futuro, garantía que en
ningún
caso alude ni supone la
obligación
por
parte de los ATS afectados de realizar las funciones que se detallan en el
articulo 4 de la Orden, pues ello iría en contra de la definición de la
categoría profesional de los ATS que aparecen perfectamente definidas en el
Estatuto que constituye su régimen jurídico. Por todo lo cual consideramos
que a
los
demandantes
se les ha ordenado por sus superiores jerárquicos el
ejercicio de funciones de rango inferior a los reconocidos a su grupo
profesional superando los límites establecidos en el articulo 39.3 del
Estatuto de los Trabajadores en el sentido de que menoscaba la dignidad del
trabajador y atenta de modo permanente contra los derechos de los
interesados en materia de su propia formación profesional. Por todo ello
procede la estimación del recurso.”
COMENTARIO
La sentencia referida – a la que hemos tenido acceso recientemente –
confirma igualmente la posición mantenida durante años por la Asesoría de
este Colegio Oficial de Málaga y de la Asociación
Española de ATS/DUE Especialistas en Análisis Clínicos,
frente al criterio de algún sector de la Administración Sanitaria y
de los Técnicos Especialistas de Laboratorio, que ha pretendido defender
que a partir de la Orden de 16 de Junio de 1984 ( funciones Técnicos
Especialistas de Rama Sanitaria ) todo el personal no facultativo trabajando
en Laboratorio de Análisis Clínicos ( ATS/DUE y Técnicos ) se había
asimilado en funciones. Resulta evidente que tras la entrada en vigor de la
citada Orden, unas funciones se comparten – aproximación
diagnóstica de la muestra – pero otras son exclusivas de cada profesión
– extracciones, limpieza etc.
– conforme a las funciones estatutarias establecidas.
-
-
OBLIGACIÓN
DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA DE EBAP DE SALIR FUERA DE SU ZONA BÁSICA PARA
REALIZAR AVISOS DOMICILIARIOS
-
Sentencia
del Tribunal Supremo de fecha 14 de Abril de 2000
en
unificación de doctrina.
Esta sentencia anula la sentencia de fecha 18 de Diciembre de 1998 de la
Sala de lo Social en Granada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucia
que en dicha sentencia – como en
otras anteriores – había mantenido el criterio de que el personal de
Enfermería no tenía que desplazarse fuera de su zona básica para realizar
avisos domiciliarios en los casos de libre elección de médico y pediatra.
Dice
la resolución:
“
Cuando la asignación de nuevo
facultativo se produce, por no existir esa oposición, y el mismo implique
el cambio del Centro de Salud, como dice el articulo 3º de la Orden, se
facilitará al usuario informe clínico y copia de la historia clínica en la
forma que señala el precepto. Ahora bien, el cambio aceptado no se limita
al médico elegido, pues producida la asignación, el usuario, como dice la
disposición adicional 1 de la orden, queda adscrito al correspondiente
Equipo de Atención Primaria o Centro Sanitario, para todas las prestaciones
que tienen una base organizativa individual, y aunque excluye las que tiene
una base organizativa territorial, que aquí no se cuestionan, el precepto
en el párrafo segundo de esa disposición adicional 2 se preocupó de
concretar esas bases organizativas al indicar que los servicios de
especialistas no jerarquizados serán referencia del médico elegido, y para
la atención hospitalaria y de especialistas jerarquizados
le corresponderá
al usuario el hospital del Área de referencia de su domicilio. En la
disposición adicional 2, ultima esos efectos de la elección, indicando que
el personal sanitario de los Distritos de Atención Primaria, prestará
asistencia sanitaria a los usuarios que le sean adscritos. Es decir, la
asignación del nuevo médico entraña igualmente la de los facultativos, y
personal de su Equipo. Por ello, estos preceptos claramente vienen a
determinar que el beneficiario queda vinculado con la Zona Básica donde se
encuentra el facultativo elegido, y que todo el resto del personal sanitario
tiene la obligación de prestarle esa asistencia, que por tanto ha de
comprender las dos modalidades de asistencia ambulatoria y domiciliaria.
Como señala la sentencia de contraste, si esta obligación de atención
corresponde al médico, no existe razón para eximir de la misma al ATS, ya
que la elección de médico supone la tácita elección del resto del
personal del Equipo de Atención Primaria. Si se examinan las obligaciones
de los ATS, en relación con la asistencia ambulatoria y domiciliaria de las
personas que le han sido asignadas, y entre ellas, como es lógico, las que
lo fueron en virtud del derecho de elección, no discutida la ambulatoria,
en el articulo 62 del Estatuto, se pone de relieve que los tratamientos que
ha de dispensar a las personas protegidas por la Seguridad Social que le
hayan sido asignadas podrán ser ordenados , entre otros por los médicos de
Medicina General que tengan asignados, y por los especialistas
correspondientes, es decir, por el pediatra elegido. El ATS se encuentra
asignado a esos profesionales, médicos de Medicina General que le pueden
ordenar el tratamiento domiciliario, que por el contrario no tiene obligación
de ejecutar el ATS de otro centro, pues el tratamiento no estaría ordenado
por el médico asignado. Lo anteriormente
expuesto lleva a la conclusión que la doctrina correcta es la
expuesta por la sentencia de contraste y que la sentencia combatida cometió
las infracciones denunciadas. Ello lleva a la estimación del motivo y del
recurso para casar y anular la sentencia combatida y resolviendo el recurso
planteado en suplicación desestimarlo, para confirmar la sentencia de
instancia, con pérdida en su caso del depósito”.
COMENTARIO
-
Esta sentencia del Tribunal Supremo en unificación de doctrina nos
resulta incomprensible. Como antecedente podemos recordar que el Colegio
Oficial de Enfermería de Almería tramitó en nombre de varios colegiados
unos recursos de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia- Sala de
lo Social en Granada sobre el tema – que resultaron favorables a la tesis de la no obligación de desplazarse
a otra zona básica en los casos de libre designación de médico - . De
igual forma, el Consejo Andaluz de Enfermería
impugnó el Decreto 257/1994 y la Orden de 5 de Octubre sobre libre
elección de médico general y pediatra, consiguiendo su anulación, lo que
obligó a la Consejería a la aprobación de una nueva normativa – Decreto 60/99 y Orden de 9 de Junio de 1999 – actualmente también
recurridos por el CAE ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucia.
Pues bien, la sentencia que comentamos -
publicada en la revista LA LEY con fecha 12 de Septiembre de 2000 y sin que
nos conste haber sido tramitada por asesores de la Organización Colegial de
Enfermería
- anula otra
sentencia de Suplicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucia y
declara la obligación del personal de Enfermería de salir de su Zona Básica
para realizar la asistencia domiciliaria en caso de libre elección de médico.
Es evidente que el Tribunal Supremo puede en un recurso de casación para
unificación de doctrina proceder de esta forma cuando existe otra sentencia
diferente de otra Sala del mismo Tribunal Superior de Justicia o de otro
Tribunal Superior de distinta Comunidad; pero entendemos que la sentencia no
es conforme a Derecho al admitir unos planteamientos del SAS que
consideramos erroneos. En primer lugar la sentencia se fundamenta en el
Decreto y la Orden de 1994 – que
en la fecha de la sentencia estaban anulados -
y en segundo lugar la sentencia utiliza criterios propio de las funciones de
los ATS de Zona, que igualmente entendemos no aplicables al caso, pues los
enfermeros en los EBAP no están adscritos a un médico, ya que sus
actividades y la asignación de funciones no son organizadas y coordinadas
por los médicos, sino por los adjuntos de Enfermería, que bajo la
dependencia del Director del Centro de Salud son los responsables de estas
funciones - articulo 6 del Decreto de 28 de Agosto de 1985, reguladores de los
servicios de Atención Primaria - por lo que es evidente que prevalece la
organización territorial sobre la individual y ello supone que la
asistencia debe realizarse por el EBAP de la zona donde resida el usuario.
La contradicción viene dada porque
el Tribunal Supremo ha conocido del asunto en dos jurisdicciones diferentes
- Contenciosa-administrativa y Social
- pero el SAS en la fecha de su recurso –
la sentencia de suplicación es
de Diciembre de 1998 – ya le constaba la nulidad del Decreto y Orden
de 1994 y en cambio del texto de la sentencia parece haber esgrimido como
base de su recurso una norma derogada como si estuviera en vigor. Se pone de
manifiesto nuevamente con esta sentencia, la problemática de la descoordinación
de las jurisdicciones contenciosa-administrativa y social de
los Tribunales – como ya ocurriera
anteriormente en el caso de la responsabilidad sanitaria – .
La Asesoría del Colegio estudiará la forma de proceder en caso de
que en lo sucesivo, se intente – hasta
la fecha no lo ha hecho – implantar en esta Provincia por el SAS el sistema autorizado por dicha sentencia. En el
supuesto de recibir instrucciones en ese sentido se recomienda consultar
inmediatamente con la Asesoría Jurídica.
EL RETA Y SU INCIDENCIA EN LA ENFERMERÍA. LA LEY 30/1995 DE ORDENACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SEGUROS PRIVADOS. Informe